Ciudad Juárez.- Las denuncias por las que el exgobernador Javier Corral fue citado a comparecer ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), también fueron presentadas por la vía penal, informó el diputado priista Omar Bazán, en cuya queja está basado el procedimiento administrativo notificado el pasado viernes contra el exmandatario.
La audiencia a la que fue llamado Corral Jurado, programada para el 23 de julio a las 11 de la mañana, derivó del expediente DE-108/2022 y del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), resultado de su denuncia ratificada en mayo del año antepasado, señaló.
Sin embargo, insistió, también por la vía penal debe procederse contra el exgobernador y contra quien fuera su secretaria de la Función Pública en el año 2019, Mónica Vargas Ruiz, a quien denunció penalmente por encubrir las irregularidades y hasta clonar folios de expedientes de investigación, cuando señaló originalmente irregularidades en la adquisición del llamado terreno caliente para ampliar su casa de Ciudad Juárez.
El viernes trascendió que por las faltas graves de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, ambas relacionadas con la compra de un terreno para ampliar su casa de Ciudad Juárez durante su periodo como gobernador, fue acusado formalmente Javier Corral por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con fuentes de la propia SFP, el exmandatario fue emplazado a procedimiento de responsabilidad administrativa y el expediente sería remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), una vez que fuera desahogada la audiencia para la que fue convocado a comparecer.
El comienzo de las causas administrativas contra Corral Jurado, de acuerdo con la información que trascendió de la SFP, derivó de dos denuncias presentadas ante la propia dependencia contralora estatal y ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en diferentes fechas de 2022.
La primera denuncia fue presentada en el mes de febrero de 2022 ante la SFP por el diputado local priista Omar Bazán Flores, respecto a la petición de investigación e información sobre la compra de un terreno.
Luego, una denuncia penal fue presentada en mayo de 2022 ante la FGE, por el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por presunta defraudación fiscal y falsedad en declaraciones con el fin de defraudar, también relacionada con la adquisición del terreno.
Al respecto, Bazán Flores confirmó ayer que también fue notificado como denunciante, en términos del Artículo 208 fracción VII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el fin de que acuda a la comparecencia y aporte los elementos que considere dentro del proceso iniciado contra Corral Jurado.
“Al fin procedió”, dijo el legislador priista, quien señaló que además de la vía administrativa que ha comenzado en contra del exgobernador Corral Jurado, también debe avanzar el correspondiente proceso penal, pero no sólo hacia él, sino a la exsecretaria de la Función Pública.
Clonó folios y encubrió al exgobernador la extitular de la SFP
Bazán Flores recordó que el 30 de mayo de 2022 denunció penalmente a Vargas Ruiz por el extravío de la queja original que había presentado desde septiembre de 2019, por el llamado “terreno caliente” que el exgobernador se adjudicó de forma irregular para ampliar su casa de la calle Costa Rica, en la colonia Partido Romero de Ciudad Juárez.
Hay evidencia, aseguró, de que la extitular de la SFP en el gobierno de Corral Jurado, encubrió al exgobernador e incluso clonó folios de expedientes para simular que habría de darle trámite a su queja desde entonces, lo que no hizo dado que, al llegar la nueva administración, la sucesora de Vargas Ruiz en la dependencia, María de los Ángeles Hurtado, no encontró registro alguno de la denuncia presentada.
Por ello, promovió la querella por la probable comisión de los delitos de daños, ejercicio ilegal del servicio público, coalición, retardo en la administración de justicia y encubrimiento por favorecimiento, contra la exsecretaria Vargas Ruiz, a quien, consideró, la Fiscalía General del Estado debe investigar para proceder penalmente, igual que con el exgobernador.
Ahora que al fin hay avance en el expediente, explicó el diputado priista, al desahogarse en la Función Pública la comparecencia del procedimiento iniciado contra Corral, el caso deberá turnarse al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), que deberá procesar por esta vía al exgobernador.
Sin embargo, dijo desconfiar del TEJA porque sus tres magistrados -Mayra Arróniz, suspendida por investigación del Órgano Interno de Control, Gregorio Morales Luévano y Alejandro Tavares Calderón- fueron impuestos por el exgobernador Javier Corral desde 2019.
“A todos los magistrados los impuso el corralismo, eso no nos da confianza, además de que su labor es ampliamente cuestionada, emite unas cuantas sentencias al año”, dijo el legislador priista, quien consideró necesario que el TEJA sea reformado para que pueda realmente atender la demanda de justicia administrativa.
No obstante, confió en que el procedimiento iniciado por la Función Pública Estatal sea llevado totalmente apegado a la ley, de forma estricta, para que la queja por las evidentes irregularidades en la ampliación del patrimonio de Corral Jurado.
La historia completa de la acusación a Javier Corral
Pagó cuando mucho 200 mil pesos por los 200 y pico de metros cuadrados. Si es que los pagó él porque no existen pruebas fehacientes patrimoniales que lo haya hecho.
Estaremos de acuerdo en que solo una mano poderosa, o más aún, todo poderosa puede conseguir en nuestro vapuleado sistema judicial sacar de la historia un asunto, colocarlo en el presente y beneficiarse del mismo.
A principios de los noventas fue iniciado un juicio mercantil contra uno de los tres herederos de un terrenito ubicado por la Costa Rica y casi Ignacio de la Peña, colonia Partido Romero.
Pasaron muchos años de ires y venires entre el demandado y la parte demandante, un banco. En algún momento avanzó hasta la convocatoria a subasta, pero nunca se concretó por una razón más que simple:
Esa propiedad debió ser sometida antes a juicio intestamentario debido a que, incluso a estas alturas, en el Registro Público de la Propiedad aparece a nombre de sus dueños originales, o herederos.
Ese es el punto, de principios de los noventas al 2018 pasaron tantos años que incluso la ejecución de la sentencia había prescrito desde 2003. Legalmente, era imposible hacer cualquier movimiento inmobiliario con el terrenito si antes no era regularizada la herencia.
En este caso no aplica esa máxima que habla del dinero como poderoso caballero; o quizá sí, porque la mente siniestra atrás de la operación fue nada menos que el exgobernador, Javier Corral Jurado, quien tuvo a su disposición casi discrecional los aproximadamente 70 mil millones de pesos de que constaba el presupuesto estatal… durante cinco años.
Es un terreno que valía y vale particularmente para él. Pagó cuando mucho 200 mil pesos por los 200 y pico de metros cuadrados. Si es que los pagó él porque no existen pruebas fehacientes patrimoniales que lo haya hecho.
Esa propiedad tenía algunas paredes viejas, tapias y pseudo bardas bastante maltratadas por las décadas de abandono. Era un terreno en calidad de baldío.
Son importantes los detalles porque tales circunstancias evidentemente fueron vistas idóneas por el exgobernador. Su casa principal en Juárez, la misma casa donde ofreció rayadas y café al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está pegada a lo que luego llamamos “terrenos caliente” justo por el historial farragoso del mismo.
Para que el Poder Judicial retrajera el “expediente” hasta 2018, para que fuera traído un caso innegablemente imposible de actualizar en los términos concretados, debió aceitar el hoy aspirante a senador por Morena al juez de la causa, José Luis Ruiz Flores.
Ese juzgador, por cierto ya fallecido, pero aún varios de sus asuntos investigados por el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia debido a las evidentes transas en las que incurrió, reabrió el expediente y subastó sobre las rodillas la propiedad.
Era tanto el apuro de Corral Jurado por pegar el “baldío” y convertirlo en patio de su casa, un tejaban y un asador muy chics, que en unos cuantos meses Ruiz Flores “notificó” al sujeto de la demanda civil y procedió a la subasta.
Pero, ¡oh sorpresa!, una vez que El Diario sometió a comprobación esa “notificación”, descubrió que, para el 2018, el demandado hacía dos años que había fallecido en El Paso.
Ese es el tamaño del político que ganó la gubernatura bajo las siglas del PAN, no pudo imponer candidato para su relevo; fue derrotado por la ahora gobernador, María Eugenia Campos, del mismo partido, y traicionó a colores y expartidarios brincando hacia Morena.
Hoy Corral, personalmente a través de sus redes, o de su exdirector de Comunicación Social, José Pérez, operador del portal Zona Free, busca responsabilizar a la mandataria de sus múltiples actos que han rayado en lo delictivo. No hubo más manos en los mismos que la mano de él. Las pruebas saltan a la vista.
El juez Ruiz Flores armó lo “necesario” para arrebatar el terreno a los tres herederos y entregarlo no directamente al exgobernador, sino al expanista, amigo estrecho de Corral, Ricardo Álvarez Chabre, también ya fallecido.
Casi en automático, después de recibir el terreno, Álvarez armó un contrato “de promesa de venta” con el morenista, y para luego es tarde, el hoy orgullosamente adoptado en la Cuarta Transformación, derruyó lo que quedaba del baldío, tumbó los viejos pedazos de bardas, y al estilo de los constructores millonarios, en un abrir y cerrar de ojos, la propiedad abandonada apareció con flamantes bardas nuevas, pintadas de blanco reluciente, pasto, moderno tejaban y su práctico asador.
¿Y por qué a pesar de esa operación transa del juez civil –que en paz descanse- el terreno sigue sin aparecer a nombre de Javier Corral Jurado; y por qué este no incluyó en sus declaraciones patrimoniales esa propiedad?
Ah, pues porque hubo un notario, su exnotario favorito, que fácilmente le vio las orejas al lobo de la ilegalidad, las indudables consecuencias negativas para su patente como notario, y se negó una y todas las veces que su examigo lo exigió, a inscribir la operación en el Registro Público de la Propiedad.
No podía hacer eso porque, apenas se supo que el hoy político guinda había unido el terreno “abandonado” a su casa, aparecieron los herederos y presentaron una denuncia para iniciar el juicio intestamentario. Los mariachis debieron callar.
Esa denuncia quedó también “olvidada” porque todo indica que luego vino la presión hacia los herederos y estos buscaron desecharla, pero en el curso de los días su representante legal falleció y ahí se quedó en el Poder Judicial.
No servirá tal denuncia para devolver el inmueble a sus legítimos propietario, pero sí para exhibir parte del historial de transas que envuelve al “terreno de Javier Corral”, el terreno caliente.
Fue de tal forma irregular todo ese proceso que ni el banco subastante cobró los 200 mil y pico de pesos “pagados” por Álvarez Chabre. La cantidad fue depositada en la Recaudación de Rentas del Gobierno estatal y de ahí llevada al Tribunal de Justicia.
Son grandes las sospechas de que el banco no reclamó esa cantidad porque no habría sido informado del caso por su representante legal, el abogado, Gerardo González Rentería, quien habría formado parte del entramado ilegal junto con el juez, e inclusive con el entonces magistrado operador corralista en Juárez, Marco Tulio Cano.
Hoy la justicia está obligada a proceder hasta sus últimas consecuencias con el asunto tal y como es. De nuevo es motivo de noticia porque la Secretaría de la Función Pública ha notificado a Javier Corral Jurado sobre el inicio de un procedimiento en su contra por posible enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.
De la investigación correspondiente en esos dos aspectos hallarán las autoridades otro delito de fondo, el fraude procesal mediante el que los herederos del terreno fueron despojados de su herencia.
Sin duda todo el contexto de la transa llevará a Corral al terreno de lo penal. Ahí aparecen sobre la superficie todas las huellas de los actos ilegales cometidos, incluida la inmoralidad de haber comprado la casa pegada al terreno a una señora mentalmente vulnerable, según relatos de una de sus hijas a los medios de comunicación. La misma casa donde ofreció panes (rayadas) con café al presidente López Obrador.
La exigencia generalizada hoy es de llevar la justicia hasta donde tope; si con cárcel debe pagar el exgobernador, que lo haga.
Ese es uno solo de muchos asuntos que lo persiguen. Detrás de su retórica grandilocuente hay inocultables rasgos delictivos.